Fiscalidad
Impuesto cripto de Illinois: el Departamento de Justicia de EE. UU. apoya la demanda contra el 0,2 %
La tasa grava intercambios, transferencias y custodia de criptoactivos aunque no haya ganancia, y su entrada en vigor ya se aplazó a julio de 2027.
Por Elena Pérez
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Cámara de Comercio del país, la patronal financiera SIFMA y una coalición de empresas de finanzas descentralizadas (DeFi) se han sumado a la impugnación judicial del impuesto del 0,2 % que Illinois quiere cobrar sobre los activos digitales, como bitcoin (BTC), aunque la operación no deje beneficio. La Blockchain Association y el Crypto Council for Innovation, dos organizaciones del sector que ya tienen su propia demanda contra el estado, lo dieron a conocer en un anuncio que recogió Cointelegraph el 12 de noviembre de 2026, según informó ese medio.
La ley, aprobada en junio de 2026, aplica un 0,2 % sobre el valor de los activos digitales que se intercambian, se transfieren o se almacenan. Da igual que la operación genere beneficio o pérdida: el impuesto se calcula sobre el valor movido, no sobre la plusvalía, que es la ganancia entre el precio de compra y el de venta.
Para dar escala a la cifra, el precio de bitcoin según CoinGecko era de 62.515 euros a las 07:12 (UTC) del 13 de noviembre de 2026, con datos que recoge la ficha de precio de bitcoin. De ese precio se deduce que un 0,2 % sobre el movimiento de un bitcoin equivaldría a unos 125,03 euros, se gane o se pierda con él.
Quién presentó escritos contra la tasa y qué es cada uno
El Departamento de Justicia registró una declaración de interés, un documento con el que el Gobierno federal fija su postura en un pleito del que no es parte. La Cámara de Comercio y la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) entregaron un escrito como amicus curiae, es decir, como terceros que aportan argumentos al tribunal. La coalición DeFi, de la que forman parte los fondos de capital riesgo Andreessen Horowitz y Paradigm y los protocolos Uniswap y Aave Labs, presentó otro.
SIFMA y la Cámara de Comercio explicaron el problema con dos ejemplos. Un cliente que pierde dinero debería el mismo impuesto que otro que gana, y quien mueve un activo entre dos cuentas suyas tributaría sin haber vendido, sin haber ganado nada y sin haber cambiado de propietario; en ese caso podría pagar en los dos extremos de la transferencia, según el documento.
Los argumentos de Justicia, la banca y la DeFi
El 6 de noviembre de 2026, SIFMA y la Cámara de Comercio advirtieron de que la tasa alcanzaría a bancos, intermediarios de valores, custodios y gestoras de activos de todo el país, con costes de cumplimiento que calificaron de significativos. Según su escrito, las firmas tendrían que montar sistemas para identificar qué clientes son de Illinois, valorar los activos digitales y decidir qué operaciones tributan, y se arriesgarían a sanciones penales si se equivocan.
Las dos organizaciones sostienen también que el impuesto discrimina a los servicios de activos digitales, porque las operaciones equivalentes con activos tradicionales no tributan igual. A su juicio, eso podría vulnerar las protecciones fiscales federales sobre internet y las exigencias constitucionales sobre el comercio entre estados y la uniformidad de los impuestos.
El Departamento de Justicia presentó su declaración el mismo 6 de noviembre. Afirma que la tasa de Illinois socava los esfuerzos federales por impulsar la innovación cripto y el liderazgo de Estados Unidos en el sector, y cita la creación de la Reserva Estratégica de Bitcoin y la ley GENIUS, que fijó reglas federales para las stablecoins (criptomonedas atadas al valor de una moneda como el dólar). Según el departamento, un trato fiscal menos favorable para los activos digitales podría chocar con esas políticas.
La coalición DeFi puso el foco en quién tendría que recaudar. En su escrito del 11 de noviembre de 2026 alegó que las reglas propuestas por Illinois podrían cargar obligaciones sobre desarrolladores de software y otros participantes de las cadenas de bloques que no tienen datos de los clientes, no controlan sus fondos y no pueden cobrar el impuesto.
Qué supondría una tasa sobre transferencias para quien mina
Cointelegraph no menciona la minería ni a los mineros en su información. Según los datos que mide RigMineria, el hashprice de la minería de bitcoin, lo que ingresa de media un minero al día por cada PH/s de potencia, estaba en 29,55 dólares a las 06:45 (UTC) del 13 de noviembre de 2026.
De la definición de la ley se deduce que, si alcanzara a quien mina desde Illinois, el 0,2 % se calcularía sobre el valor de los bitcoin que traslade, no sobre el margen que le queda tras pagar la electricidad, ese margen que estima la calculadora de minería.
Las demandas, el retraso y lo que espera recaudar el estado
La Digital Chamber demandó en julio de 2026 al fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, y al responsable estatal de ingresos, David Harris. En agosto llegó la demanda separada de la Blockchain Association y el Crypto Council for Innovation. El impuesto debía aplicarse desde el 1 de enero de 2027, pero se retrasó al 1 de julio de 2027 para dar más margen a los pleitos.
Según estimaciones de la oficina presupuestaria del gobernador, Illinois preveía ingresar 60 millones de dólares con esta tasa en el año fiscal 2027. El presidente de la Cámara de Representantes del estado, Emanuel «Chris» Welch, la defendió dentro de una agenda de asequibilidad que, según informó el Chicago Tribune en julio, buscaba cerrar resquicios fiscales de las empresas y hacer que las grandes tecnológicas y los milmillonarios cripto paguen lo que les corresponde.
Ni los legisladores que impulsaron la ley ni la oficina del gobernador respondieron a Cointelegraph antes de la publicación de su noticia.
Otros países discuten cómo gravar movimientos que no son una venta. Como contó RigMineria el 15 de julio de 2026, la agencia tributaria británica perfila para los préstamos DeFi y pools de liquidez un régimen «sin ganancia ni pérdida» que eliminaría el llamado «impuesto seco» sobre los depósitos que no son una venta real.
Lo que todavía no se sabe
La información publicada no dice qué tribunal lleva los casos ni cuándo podría pronunciarse, ni si las demandas de la Digital Chamber y de la Blockchain Association se tramitarán juntas. Tampoco aclara si las reglas que preocupan a la coalición DeFi son ya definitivas: el escrito se refiere a ellas como propuestas.
Aclaración: este artículo es informativo y no constituye asesoramiento fiscal ni de inversión.
Fuentes
Este artículo lo preparó un sistema de inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, y una verificación automática lo contrastó con ellas. La redacción supervisa estas piezas cada día y corrige lo que haga falta. Consulta nuestros estándares editoriales.